El Parlamento Europeo tendrá en los próximos meses la posibilidad de aprobar o rechazar el TLC, aunque no de presentar enmiendas
ONG colombianas pidieron a la Unión Europea que no ratifique el TLC negociado en 2010 con ese país al considerar que actualmente Colombia tiene gran deficiencia en materia de derechos humanos y que el pacto con la UE sólo agravaría la situación.
Varios expertos en materia de derechos humanos y desarrollo de la Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco) se reunieron este miércoles en Bruselas con representantes de la Comisión Europea -la institución que negoció el TLC en nombre de los 27 países europeos- y del Servicio Europeo de Acción Exterior y con eurodiputados de diversos grupos políticos.
El Parlamento Europeo tendrá en los próximos meses la posibilidad de aprobar o rechazar el TLC, aunque no de presentar enmiendas.
Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco -red de más de 30 organizaciones internacionales-, indicó a Efe que el objetivo es que la UE no firme el tratado ante la "dramática" situación de los derechos humanos en Colombia y el impacto negativo que el acuerdo podría tener para la población menos favorecida, como las comunidades indígenas.
Puso de relieve, además, la "falta de transparencia" hacia la sociedad civil a la hora de negociarse el tratado y el "doble rasero" con el que, a su juicio, se tratará a las empresas europeas que aterricen en Colombia.
Para el abogado colombiano David Medina, miembro del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, la situación de los derechos humanos es "ya lo suficiente mala" en Colombia como para no poner en marcha ningún TLC.
Desde su punto de vista, la llegada al poder del actual presidente, Juan Manuel Santos, "sólo ha supuesto un cambio de discurso" respecto de su predecesor, Álvaro Uribe, pero no de realidad, ya que, en su opinión, "el Gobierno no tiene compromisos concretos y la crisis de los derechos humanos se profundizará".
Recordó que, según un informe preliminar de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, se detectaron 101 ataques a defensores de las libertades fundamentales (19 fueron asesinados) desde la investidura de Santos -en agosto pasado- hasta mediados de marzo.
Por su parte, el director de la Fundación para la Educación y el Desarrollo, Camilo Castellanos, señaló en una entrevista con Efe que el Gobierno colombiano intenta tramitar la nueva ley de reparación de víctimas y restitución de tierras "a conveniencia" del TLC.
Esta ley, propuesta por Santos, dio ayer un nuevo paso al ser aprobada por el Senado colombiano.
Su objetivo es reparar a unos cuatro millones de personas en un término de 10 años: las compensaciones a las víctimas de la violencia del conflicto interno se harán a partir del año 1985 y, la restitución de tierras, desde 1991.
En opinión de Castellanos, las autoridades colombianas intentan por medio de esa ley "sanear" la propiedad de la tierra para que las empresas europeas puedan instalarse en el país con mayor libertad.
Desde el punto de vista de estos expertos, la firma del TLC por parte de la UE delata su "indolencia y complicidad" con los problemas existentes en Colombia, algo que no creen que pueda remediar la cláusula incluida en el acuerdo para proceder a su suspensión en el caso de que empeore la situación.
El Parlamento Europeo tendrá en los próximos meses la posibilidad de aprobar o rechazar el TLC, aunque no de presentar enmiendas.
Vincent Vallies, portavoz de Oidhaco -red de más de 30 organizaciones internacionales-, indicó a Efe que el objetivo es que la UE no firme el tratado ante la "dramática" situación de los derechos humanos en Colombia y el impacto negativo que el acuerdo podría tener para la población menos favorecida, como las comunidades indígenas.
Puso de relieve, además, la "falta de transparencia" hacia la sociedad civil a la hora de negociarse el tratado y el "doble rasero" con el que, a su juicio, se tratará a las empresas europeas que aterricen en Colombia.
Para el abogado colombiano David Medina, miembro del Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, la situación de los derechos humanos es "ya lo suficiente mala" en Colombia como para no poner en marcha ningún TLC.
Desde su punto de vista, la llegada al poder del actual presidente, Juan Manuel Santos, "sólo ha supuesto un cambio de discurso" respecto de su predecesor, Álvaro Uribe, pero no de realidad, ya que, en su opinión, "el Gobierno no tiene compromisos concretos y la crisis de los derechos humanos se profundizará".
Recordó que, según un informe preliminar de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, se detectaron 101 ataques a defensores de las libertades fundamentales (19 fueron asesinados) desde la investidura de Santos -en agosto pasado- hasta mediados de marzo.
Por su parte, el director de la Fundación para la Educación y el Desarrollo, Camilo Castellanos, señaló en una entrevista con Efe que el Gobierno colombiano intenta tramitar la nueva ley de reparación de víctimas y restitución de tierras "a conveniencia" del TLC.
Esta ley, propuesta por Santos, dio ayer un nuevo paso al ser aprobada por el Senado colombiano.
Su objetivo es reparar a unos cuatro millones de personas en un término de 10 años: las compensaciones a las víctimas de la violencia del conflicto interno se harán a partir del año 1985 y, la restitución de tierras, desde 1991.
En opinión de Castellanos, las autoridades colombianas intentan por medio de esa ley "sanear" la propiedad de la tierra para que las empresas europeas puedan instalarse en el país con mayor libertad.
Desde el punto de vista de estos expertos, la firma del TLC por parte de la UE delata su "indolencia y complicidad" con los problemas existentes en Colombia, algo que no creen que pueda remediar la cláusula incluida en el acuerdo para proceder a su suspensión en el caso de que empeore la situación.
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